PART X – SENTENCES AND THEIR EXECUTION
OTHER SENTENCES
333. Warrant in case of sentence of imprisonment
(1) A warrant under the hand of the judge or magistrate by whom a person is sentenced to imprisonment, ordering that the sentence shall be carried out in any prison within Kenya, shall be issued by the sentencing judge or magistrate, and shall be full authority to the officer in charge of the prison and to all other persons for carrying into effect the sentence described in the warrant, not being a sentence of death.
(2) Subject to the provisions of section 38 of the Penal Code (Cap. 63) every sentence shall be deemed to commence from, and to include the whole of the day of, the date on which it was pronounced, except where otherwise provided in this Code.
Provided that where the person sentenced under subsection (1) has, prior to such sentence, been held in custody, the sentence shall take account of the period spent in custody.
THIRD SCHEDULE
GENEVA CONVENTION RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR DATED THE 12TH AUGUST, 1949
PART III – CAPTIVITY
SECTION VI – RELATIONS BETWEEN PRISONERS OF WAR AND THE AUTHORITIES
CHAPTER III – PENAL AND DISCIPLINARY SANCTIONS
II – DISCIPLINARY SANCTIONS
Article 90
II. Duration of punishments
The duration of any single punishment shall in no case exceed thirty days. Any period of confinement awaiting the hearing of a disciplinary offence or the award of disciplinary punishment shall be deducted from an award pronounced against a prisoner of war.
The maximum of thirty days provided above may not be exceeded, even if the prisoner of war is answerable for several acts at the same time when he is awarded punishment, whether such acts are related or not.
The period between the pronouncing of an award of disciplinary punishment and its execution shall not exceed one month.
When a prisoner of war is awarded a further disciplinary punishment, a period of at least three days shall elapse between the execution of any two of the punishments, if the duration of one of these is ten days or more.
(a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados;
(b) En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la Corte y estén en conformidad con la presente Parte;
(c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la Corte si acepta la designación.
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(a) El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con una antelación mínima de 45 días. Durante este período, el Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110;
(b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia en el apartado (a), lo notificará al Estado de ejecución y procederá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 104.
3. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:
(a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de libertad de conformidad con los principios de distribución equitativa que establezcan las Reglas de Procedimiento y Prueba;
(b) La aplicación de normas de tratados internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;
(c) La opinión del condenado;
(d) La nacionalidad del condenado; y
(e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan en la designación del Estado de ejecución.
4. De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3. En ese caso, los gastos que entrañe la ejecución de la pena privativa de libertad serán sufragados por la Corte.