16. (1) The magistrate must not order that a person be held in custody for surrender to the requesting country unless the magistrate is satisfied:
(a) that the requesting country is an extradition country; and
(b) that the surrender offence is an extradition offence; and
(c) as to the identity of the person; and
(d) that the supporting documents have been produced to the magistrate; and
(e) that the supporting documents satisfy the requirements of section 17; and
(f) that surrender should not be refused because the person sought has established an extradition objection.
(2) If the magistrate determines that the person be held in custody for surrender, the magistrate must:
(a) issue a warrant, ordering that the person be committed to prison to await the Minister for Foreign Affair's decision on surrender; and
(b) tell the person that he or she may, within 15 days after the day on which the order is made, seek a review of the order under subsection 18 (1); and
(c) record in writing his or her decision and the extradition offence for which the person should be surrendered; and
(d) give a copy of the record to the person and the Minister for Foreign Affairs.
(3) If:
(a) the magistrate determines that the person be held in custody for surrender for an extradition offence; and
(b) the requesting country has asked that the person also be surrendered for another offence that is not an extradition offence;
the magistrate must ask the person whether the person also consents to being surrendered for that other offence.
(4) If the magistrate determines that the person should not be surrendered to the requesting country, the magistrate must:
(a) order that the person be released; and
(b) tell the Minister for Foreign Affairs in writing of the order and of the magistrate's reasons for determining that the person should not be surrendered.
1. La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la justifiquen de conformidad con el artículo 91, una solicitud de detención y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.
2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el artículo 20, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa. Si la causa es admisible, el Estado requerido cumplirá la solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisión.
(a) El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho procesal el tránsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la Corte, salvo cuando el tránsito por ese Estado obstaculice o demore la entrega;
(b) La solicitud de la Corte de que se autorice ese tránsito será transmitida de conformidad con el artículo 87 y contendrá:
(i) Una descripción de la persona que será transportada;
(ii) Una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación; y
(iii) La orden de detención y entrega;
(c) La persona transportada permanecerá detenida durante el tránsito;
(d) No se requerirá autorización alguna cuando la persona sea transportada por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de tránsito;
(e) En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de tránsito, éste podrá pedir a la Corte que presente una solicitud de tránsito con arreglo a lo dispuesto en el apartado b). El Estado de tránsito detendrá a la persona transportada mientras se recibe la solicitud de la Corte y se efectúa el tránsito; sin embargo, la detención no podrá prolongarse más de 96 horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es recibida dentro de ese plazo.
4. Si la persona buscada está siendo enjuiciada o cumple condena en el Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su entrega a la Corte, el Estado requerido, después de haber decidido conceder la entrega, celebrará consultas con la Corte.