ARTÍCULO 10. ACTUACIÓN PROCESAL. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.
Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación.
El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.
El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales.
El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes.

ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código.
En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;
b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;
c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;
f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;
g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;
h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, por un abogado que podrá ser designado de oficio;
i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley;
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.

ARTÍCULO 132. VÍCTIMAS. Se entiende por víctimas, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto.
La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la existencia de una relación familiar con este.

ARTÍCULO 133. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS. La Fiscalía General de la Nación adoptará las medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía de su seguridad personal y familiar, y la protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad.
Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del imputado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.

ARTÍCULO 134. MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS. Las víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán por conducto del fiscal solicitar al juez de control de garantías las medidas indispensables para su atención y protección.
Igual solicitud podrán formular las víctimas, por sí mismas o por medio de su abogado, durante el juicio oral y el incidente de reparación integral.

ARTÍCULO 135. GARANTÍA DE COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS. Los derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo en que esta intervenga.
Igualmente se le informará sobre las facultades y derechos que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto, y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal, o de manera directa en el incidente de reparación integral.

ARTÍCULO 136. DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN. A quien demuestre sumariamente su calidad de víctima, la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación le suministrarán información sobre:
1. Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo.
2. El tipo de apoyo o de servicios que puede recibir.
3. El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella.
4. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas.
5. El modo y las condiciones en que puede pedir protección.
6. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o asistencia jurídicas, asistencia o asesoría sicológicas u otro tipo de asesoría.
7. Los requisitos para acceder a una indemnización.
8. Los mecanismos de defensa que puede utilizar.
9. El trámite dado a su denuncia o querella.
10. Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación.
11. La posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías, cuando haya lugar a ello.
12. La fecha y el lugar del juicio oral.
13. El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral.
14. La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y sentencia.
15. La sentencia del juez.
También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre la puesta en libertad de la persona inculpada .

ARTÍCULO 137. INTERVENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA ACTUACIÓN PENAL. Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares.
2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y dignidad.
3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada.
4. Inexequibile
5. Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio.
6. El juez podrá en forma excepcional, y con el fin de proteger a las víctimas, decretar que durante su intervención el juicio se celebre a puerta cerrada.
7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado.

ARTÍCULO 149. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. Todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie, sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, no podrá excluirse a la Fiscalía, el acusado, la defensa, el Ministerio Público, la víctima y su representación legal.
El juez podrá limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, previa audiencia privada con los intervinientes, de conformidad con los artículos siguientes y sin limitar el principio de contradicción.
Estas medidas deberán sujetarse al principio de necesidad y si desaparecieren las causas que dieron origen a esa restricción, el juez la levantará de oficio o a petición de parte.
No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación so pena de la imposición de las sanciones que corresponda.

PARÁGRAFO. En las actuaciones procesales relativas a los delitos contra la libertad y formación sexual y de violencia sexual, el juez podrá, a solicitud de cualquiera de los intervinientes en el proceso, disponer la realización de audiencias cerradas al público. La negación de esta solicitud se hará mediante providencia motivada. Cuando cualquiera de los intervinientes en el proceso lo solicite, la autoridad competente podrá determinar la reserva de identidad respecto de sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia.

ARTÍCULO 150. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD POR MOTIVOS DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD NACIONAL O MORAL PÚBLICA. Cuando el orden público o la seguridad nacional se vean amenazados por la publicidad de un proceso en particular, o se comprometa la preservación de la moral pública, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer una o varias de las siguientes medidas:
1. Limitación total o parcial del acceso al público o a la prensa.
2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben.

ARTÍCULO 151. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD POR MOTIVOS DE SEGURIDAD O RESPETO A LAS VÍCTIMAS MENORES DE EDAD. En caso de que fuere llamada a declarar una víctima menor de edad, el juez podrá limitar total o parcialmente el acceso al público o a la prensa.

ARTÍCULO 152. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD POR MOTIVOS DE INTERÉS DE LA JUSTICIA. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o de la prensa.

ARTÍCULO 206. ENTREVISTA. Cuando la policía judicial, en desarrollo de su actividad, considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación que adelanta, realizará entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección necesaria.
La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo.
Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia de sus observaciones en el cuaderno de notas, en relación con el resultado de la entrevista.

ARTÍCULO 250. PROCEDIMIENTO EN CASO DE LESIONADOS O DE VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES. Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, y no hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio del perito forense a fin de realizar el reconocimiento o examen respectivos.
En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no lo prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa se acudirá al juez de control de garantías.
El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un establecimiento de salud.

ARTÍCULO 328. LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. En la aplicación del principio de oportunidad el fiscal deberá tener en cuenta los intereses de las víctimas. Para estos efectos deberá oír a las que se hayan hecho presentes en la actuación.

CHAPTER VIII
Rights of victims with respect to the Administration of Justice

Article 37. Rights of the victims. The State shall guarantee victims’ access to the administration of justice. In developing the foregoing, the victims shall have the right: 37.1 To receive dignified human treatment throughout the procedure.
37.2 To the protection of their privacy and guarantee of their security and that of their family members and witnesses, whenever they are threatened.
37.3 To prompt and comprehensive reparation for the harm suffered; the perpetrator or participant in the crime shall be responsible for making such reparation.
37.4 To be heard and to receive facilitation for contributing evidence.
37.5 To receive information relevant to protecting their interests from the first contact with the authorities and in the terms established in the Code of Criminal Procedure; and to know the truth of the facts that constitute the circumstances of the crime of which they have been the victims.
37.6 To be informed of the final decision in the criminal prosecution and to pursue remedies when they are available.
37.7 To be assisted during the trial by an attorney of one’s trust, or by the Procurator General’s Judicial Office addressed in this law.
37.8 To receive comprehensive assistance for their recovery.
37.9 To be assisted at no cost by a translator or interpreter, in the event of not knowing the language, or not being able to perceive language through the sensory organs.
Article 38. Protection of victims and witnesses. The government officers to which this law refers shall adopt the appropriate measures and all relevant actions for protecting the security, physical and psychological well-being, dignity, and private life of the victims and witnesses, and of all other parties in the proceeding.
To this end, all relevant factors will be borne in mind, including age, gender, and health, as well as the nature of the crime, in particular when it entails sexual violence, disrespect for gender equality, or violence against children.
Special training will be given to the government officers who work with such victims. These measures may not redound to the detriment of the rights of the accused or the right to a fair and impartial trial, nor shall they be incompatible with such rights.
Article 39. Exception to public trials. As an exception to the principle that the hearings that constitute the trial should be public, the Superior Judicial District Court, in order to protect the victims, witnesses, or an accused, may order that part of the trial be held in camera. It may order that testimony be taken through an audio/video system to allow it to be controverted and confronted by the parties.
In particular, these measures shall be applied to victims of sexual assault or assault of children and adolescents who may be victims or witnesses.
Article 40. Other measures of protection during the trial. When public disclosure of evidentiary material elements, physical evidence, or information lawfully obtained would entail grave danger to the security of the witness or his or her family, the Prosecutor shall refrain from presenting them in any procedure prior to the trial. Instead, he or she shall prepare a summary of that information. In no case may these measures redound to the detriment of the rights of the accused or of a fair and impartial trial, nor shall they be incompatible with such rights.
Article 41. Attention to special needs. The judicial organs as well as the technical support agencies and the Procurator General’s Judicial Office for Justice and Peace shall be mindful of the special needs of women, children, the elderly, and the disabled to ensure their participation in the proceeding.

CHAPTER IX
Right to reparation for the victims
Article 42. General duty to make reparation. The members of the armed groups who benefit from the provisions of this law are under a duty to make reparation to the victims of said criminal conduct for which they were convicted by judicial verdict.
In addition, when the perpetrator is not identified, but the harm and causal nexus with the activities of the Illegal Armed Group Beneficiary of the provisions of this law are proven, the Court, directly or by referral to the Prosecutorial Unit, shall order reparations, to be paid from the Fund for Reparations.
Article 43. Reparation. The Superior Judicial District Court, on proffering its verdict, shall order reparation for the victims and shall set the pertinent measures.
Article 44. Acts of reparation. The reparation for the victims addressed in this law entails
the duties of restitution, compensation, rehabilitation, and satisfaction.
To have a right to enjoy the benefit of release on probation, the convicted person must provide to the Fund for the Reparation of Victims the assets, if he or she has any, earmarked for that purpose; satisfactorily undertake the actions of reparation that have been imposed on him or her; collaborate with the National Committee for Reparation and Reconciliation, or sign an agreement with the Superior Judicial District Court that ensures the performance of his or her duties of reparation.
The following are acts of comprehensive reparation:
44.1 Surrendering to the State illegally obtained assets for making reparation to the victims.
44.2 A public statement that reestablishes the dignity of the victim and of the persons closest to him or her.
44.3 Public recognition of having caused harm to the victims, the public statement of repentance, the request for forgiveness directed to the victims, and the promise not to repeat such criminal conduct.
44.4 Effective collaboration in locating persons kidnapped or disappeared and in locating the victims’ remains.
44.5 The search for the disappeared and for the remains of dead persons, and help in identifying them and burying them again, in keeping with family and community traditions.
Article 45. Request for reparation. The victims of the illegal armed groups may obtain reparation by petitioning the Superior Judicial District Court in relation to the facts of which they have knowledge.
No one may receive reparation twice for the same harm.
Article 46. Restitution. Restitution implies undertaking acts that aim to return the victim to the situation prior to the violation of his or her rights. It includes releasing the person if deprived of liberty, return to one’s place of residence, and the return of his or her property, if possible.
Article 47. Rehabilitation. Rehabilitation should include medical and psychological care for the victims or their relatives within the first degree of consanguinity in keeping with the Budget of the Fund for the Reparation of Victims.
The social services provided by the government to the victims, in keeping with the provisions and laws in force, are part of reparation and rehabilitation.
Article 48. Measures of satisfaction and guarantees of non-repetition. The measures of satisfaction and guarantees of non-repetition adopted by the various authorities directly involved in the process of national reconciliation should include:
48.1 Verification of the facts and the public and complete dissemination of the judicial truth, to the extent that it will not provoke more unnecessary harm to the victim, witnesses, or other persons, or create a danger to security.
48.2 The search for persons who were disappeared or killed, and assistance in identifying them and burying them anew in keeping with family and community traditions. This task is mainly entrusted to the National Prosecutorial Unit for Justice and Peace.
48.3 The judicial decision that reestablishes the dignity, reputation, and rights of the victim, and those of the victim’s relatives within the first degree of consanguinity.
48.4 The apology, which includes public recognition of the facts and acceptance of responsibilities.

48.5 The application of sanctions to those responsible for the violations, all of which will be entrusted to the judicial organs that are involved in the proceedings addressed in this law.
48.6 The competent chamber of the Superior Judicial District Court may order commemorations, tributes, and acts of recognition of the victims of the illegal armed groups. In addition, the National Commission on Reconciliation and Reparations may recommend to the political or government bodies at the various levels that they adopt such measures.
48.7 Preventing human rights violations.
48.8 Attendance by the persons responsible for violations at training courses on human rights. This measure may be imposed on the convicted persons by the competent chamber of the Superior Judicial District Court.
Article 49. Programs for Collective Reparations. The Government, following the recommendations of the National Commission on Reconciliation and Reparations, should implement an institutional program of collective reparations that includes actions directly aimed at recovering the institutional framework intrinsic to the Social State under the Rule of Law, particularly in the areas hardest hit by the violence; to recover and promote the rights of the citizens negatively affected by the acts of violence, and to recognize and dignify the victims of the violence.
Article 50. National Commission on Reparation and Reconciliation. The National Commission on Reparation and Reconciliation is hereby established, made up of the Vice-President of the Republic or his delegate, who shall chair its sessions; the Procurator General or his delegate; the Minister of Interior and Justice or his delegate; the Minister of Finance or his delegate; the Human Rights Ombudsperson, two Representatives of Victims’ Organizations, and the Director of the Social Solidarity Network, which shall serve as the Technical Secretariat.
The President of the Republic shall designate five notables to serve as members of this Commission; of least two of them must be women.
This Commission shall have a duration of eight years.
Article 51. Functions of the National Commission on Reparation and Reconciliation. The National Commission on Reparation and Reconciliation shall perform the following functions:
51.1 Guaranteeing the victims their participation in proceedings for judicial clarification and the realization of their rights.
51.2 Submitting a public report on the reasons for the rise and development of the illegal armed groups.
51.3 Monitoring and verifying the processes of reincorporation, and the work of the local authorities to ensure the full demobilization of the members of illegal armed groups, and the proper functioning of the institutions in those territories. For those purposes, the National Commission on Reparation and Reconciliation may invite the participation of foreign entities and notables.
51.4 Monitoring and periodically evaluating the reparations provided for in this law, and making recommendations to ensure they are made properly.
51.5 Submitting, within two years of the date of the entry into force of this law, to the National Government and the Committees on Peace of the Senate and the House of Representatives, a report on the process of making reparation to the victims of the illegal armed groups.
51.6 Recommending the criteria for reparations addressed by this law, charged to the

Fund for the Reparation of Victims.
51.7 Coordinating the activity of the Regional Commissions for the Restitution of
Assets.
51.8 Carrying out national actions of reconciliation that seek to impede the recurrence of new acts of violence that disturb the national peace.
51.9 Adopting its own rules.
Article 52. Regional commissions for the restitution of assets. The regional commissions shall be responsible for giving impetus to the procedures related to claims over property and possession of goods in the framework of the process established in this law.
Article 53. Composition. The Regional Commissions shall be made up of one (1) representative of the National Commission on Reparation and Reconciliation, who shall chair it; one delegate of the Procurator General’s Judicial Office for Justice and Peace; one (1) delegate of the Office of the Municipal or District Ombudsperson (personería); one (1) delegate of the Human Rights Ombudsperson (Defensoría del Pueblo); and one delegate of the Ministry of Interior and Justice.
The National Government shall have the authority to designate a representative of the religious communities and shall determine the functioning and territorial distribution of the commissions based on the needs of the process.
Article 54. Fund for the Reparation of Victims. The Fund for the Reparation of Victims is hereby created as a special account without juridical personality whose controller of expenditure shall be the Director of the Social Solidarity Network. The resources of the Fund shall be executed in keeping with the rules of private law.
The Fund shall be made up of all the assets or resources that under any guise may be surrendered by the persons or illegal armed groups to which this law refers, resources from the national budget, and donations in cash and in kind, both national and foreign.
The resources administered by this Fund shall be under the oversight of the Office of the Comptroller-General of the Republic.
Paragraph. The assets to which reference is made in Articles 10 and 11 shall be surrendered directly to the Fund for the Reparation of Victims created by this law. The same procedure shall be observed with respect to the assets linked to criminal investigations and forfeiture proceedings in course at the time of the demobilization, as long as the conduct was carried out on occasion of their membership in the illegal armed group and before the entry into force of this law.
The Government shall regulate the functioning of this Fund and, in particular, everything concerning the claims for and surrender of assets with respect to good-faith third party holders.
Article 55. Functions of the Social Solidarity Network. The Social Solidarity Network, through the Fund addressed in this law, shall be in charge, in keeping with the budget allocated to the Fund, of the following functions:
55.1 Liquidating and paying the judicial compensation addressed in this law within the limits authorized in the national budget.
55.2 Administering the Fund for the Reparation of Victims.
55.3 Undertaking other actions for reparation, when appropriate.
55.4 All others indicated in the regulations.

ARTÍCULO 87. REPARACIÓN DEL DAÑO. La conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella.

ARTÍCULO 194. DERECHO DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la Administración de Justicia, en los términos establecidos en este Código.
En desarrollo de lo anterior las víctimas tendrán derecho:
a) A recibir, durante el procedimiento, un trato humano y digno;
b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;
c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto;
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este Código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;
f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;
g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías, y a interponer los recursos ante el Juez de Conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;
h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio;
i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señala la ley;
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por algunos de los órganos de los sentidos.

ARTÍCULO 294. VÍCTIMAS. Se entiende por víctimas, para efectos de este Código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto.

ARTÍCULO 295. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS. El Fiscal o el Juez de Conocimiento adoptarán o coordinarán ante las entidades competentes las medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía de su seguridad personal y familiar, y la protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad.
Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.

ARTÍCULO 296. MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS. Las víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán solicitar por conducto del fiscal o directamente al Juez Penal Militar de Control de Garantías las medidas indispensables para su atención y protección, aún durante el juicio oral y el incidente de reparación.

ARTÍCULO 297. GARANTÍA DE COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS. Los derechos reconocidos, las facultades que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto, y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso o en el incidente de reparación integral, serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo en que esta intervenga.

ARTÍCULO 298. DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN. A quien demuestre sumariamente su calidad de víctima, la Fiscalía General Penal Militar le suministrará información sobre:
1. Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo y de qué tipo puede ser este.
2. El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella y su papel en las actuaciones subsiguientes.
3. El modo y las condiciones en que puede pedir y obtener protección.
4. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o a asistencia jurídica, asistencia o a asesoría psicológica u otro tipo de asesoría.
5. Los requisitos para acceder a una indemnización.
6. Los mecanismos de defensa que puede utilizar.
7. El trámite dado a su denuncia o querella.
8. Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación.
9. La fecha y el lugar del juicio oral.
10. El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral.
11. La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y sentencia.
12. La sentencia del juez.
También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre la puesta en libertad de la persona inculpada.

ARTÍCULO 299. INTERVENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA ACTUACIÓN PENAL. Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Podrán solicitar a través del fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares.
2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y dignidad.
3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada.
4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que estas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo.
5. Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía Penal Militar le designará uno de oficio.
6. El juez podrá en forma excepcional, y con el fin de proteger a las víctimas, decretar que durante su intervención el juicio se celebre a puerta cerrada.
7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado.