Art. 24-A. Las normas de los artículos 516 y 517 LEY 19683 del Código Orgánico de Tribunales serán aplicables Art. único Nº1 a los dineros que sea necesario poner a disposición D.O. 04.07.2000 de los Tribunales Militares.
La obligación de abrir y mantener la cuenta bancaria
de depósito corresponderá a los Juzgados
Institucionales, los que podrán encargar tal cometido a
las Fiscalías de su dependencia.
Los reajustes e intereses de los dineros depositados
a que se refiere el inciso primero de este artículo,
podrán destinarse por los Juzgados Institucionales a la
adquisición de libros, muebles y útiles para los
Tribunales Militares.
Asimismo, los Juzgados Institucionales podrán LEY 18431 destinar los dineros depositados en su cuenta bancaria Art. Unico Nº 1 cuya devolución no hubiere sido reclamada dentro del
plazo de cinco años, contado desde la fecha en que quede
ejecutoriada la sentencia que haya puesto término al
proceso respectivo, a la adquisición de los bienes
señalados en el inciso precedente y al acondicionamiento
y reparación de los inmuebles fiscales en que funcionen
los Tribunales Militares.
Los Juzgados Institucionales deberán rendir cuenta Ley 18431 anualmente de la inversión de los referidos fondos, a Art. Unico Nº 1 la Contraloría General de la República.
1. The ordinary costs for execution of requests in the territory of the requested State shall be borne by that State, except for the following, which shall be borne by the Court:
(a) Costs associated with the travel and security of witnesses and experts or the transfer under article 93 of persons in custody;
(b) Costs of translation, interpretation and transcription;
(c) Travel and subsistence costs of the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar, the Deputy Registrar and staff of any organ of the Court;
(d) Costs of any expert opinion or report requested by the Court;
(e) Costs associated with the transport of a person being surrendered to the Court by a custodial State; and
(f) Following consultations, any extraordinary costs that may result from the execution of a request.
2. The provisions of paragraph 1 shall, as appropriate, apply to requests from States Parties to the Court. In that case, the Court shall bear the ordinary costs of execution.