Article 26: International relations and international law

The Dominican Republic is a State member of the international community, open to cooperation and tied to the norms of international law, consequently:

1. It recognizes and applies the norms of international law, general and American, in the method in which its public powers have adopted them;

• Legal status of treaties 2. The norms in effect from international ratified agreements shall rule in the internal realm, once published in an official manner;

3. The international relations of the Dominican Republic are based and ruled by the affirmation and promotion of its national values and interests, respect for human rights and international law;

• Reference to fraternity/solidarity 4. In equality of conditions with other States, the Dominican Republic accepts an international judicial system that guarantees respect of fundamental rights, peace, justice, and political, social, economic and cultural development of nations. It promises to act on the international, regional, and national levels in a manner compatible with national interests, the peaceful coexistence between peoples and the duties of solidarity with all nations.

5. The Dominican Republic shall promote and favor integration with the nations of America, toward the end of strengthening a community of nations that defends the interests of the region. The State may enter into international treaties in order to promote the common development of the nations, that safeguard the well-being of the peoples and the collective security of their inhabitants, and in order to confer supranational organizations the required abilities to participate in processes of integration;

• Protection of environment
• Reference to fraternity/solidarity 6. It declares itself in favor of economic solidarity between the countries of America and supports all initiatives in defense of its basic products, raw materials, and biodiversity.

Artículo 8.- Actuación de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia determinará el juzgado con competencia para el conocimiento de solicitudes de asistencia judicial de la Corte Penal Internacional cuando correspondiese.

Artículo 22.- Competencias del Ministerio Público. Es competencia exclusiva del Ministerio Público, sin perjuicio de otras que se determinen, resolver si se constatan o no las causales previstas en el Estatuto de Roma para:
1) Solicitar al/a la Fiscal de la Corte Penal Internacional que se inhiba en su competencia a favor del Estado dominicano.
2) Consultar con la Corte y/o decidir que no se de curso a una solicitud de asistencia o cooperación recibida de la Corte Penal Internacional o de sus órganos por las causas previstas en el Estatuto de Roma si:
a. Se tratare de divulgación de información o documentos que pudiera afectar intereses de la seguridad nacional.
b. Se contraviniera un principio jurídico fundamental de aplicación general. c. Se configurare otra causa prevista en el Estatuto de Roma.

Artículo 27.- Requerimiento de inhibición al Fiscal de la Corte Penal Internacional. Una vez recibida por el Ministerio de Relaciones Exteriores la notificación que el Fiscal de la Corte Penal Internacional ha dado inicio a una investigación conforme al párrafo I, artículo 18 del Estatuto de Roma, por tratarse de hechos cuyo conocimiento podría corresponder a la jurisdicción del Estado dominicano por haber acaecido en el territorio u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad dominicana, el Ministerio lo comunicará al Ministerio Público, el cual podrá solicitar audiencia ante la Suprema Corte de Justicia, la cual se celebrará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
Párrafo.- Una vez celebrada la audiencia, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, la Suprema Corte de Justicia deberá resolver, previo informe al Ministerio Público, sobre la existencia de actuaciones penales que se sigan o que se hayan seguido en relación con los hechos objeto de la investigación.

Artículo 28.- Sostenimiento de competencia. Cuando de la información suministrada surja que se ha ejercido jurisdicción, que se está ejerciendo o que, como consecuencia
de la notificación recibida, se ha iniciado una investigación en el país, el Ministerio Público decidirá si sostiene la competencia del Estado dominicano y, en su caso, formulará la petición de inhibición, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal de la Corte, conforme con el párrafo 2 del artículo 18 del Estatuto, en un plazo no mayor de treinta (30) días después de recibida la notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 18 del Estatuto de Roma.

Artículo 47.- Respuesta a las solicitudes de detención y entrega. De conformidad con el parte IX del Estatuto de Roma y los procedimientos establecidos por las leyes nacionales, el Ministerio Público responderá a las solicitudes de detención y entrega dentro de un plazo máximo de cinco (5) días a partir de su recepción.
Artículo 48.- Modalidades de comunicación de las solicitudes de detención y entrega. Las solicitudes de detención y entrega serán enviadas al Ministerio Público en original y acompañadas de todos los documentos necesarios, de conformidad con el artículo 91 del Estatuto de Roma.
Párrafo.- En caso de urgencia, las solicitudes podrán ser dirigidas por cualquier medio al Fiscal territorialmente competente, las que serán transmitidas en la forma prevista en este artículo.
Artículo 49.- Orden de detención. Si la solicitud reúne los requisitos formales o sus defectos han sido subsanados y no se constata ninguna de las situaciones previstas en el artículo 22 de esta ley o las mismas han sido resueltas, correspondiendo el cumplimiento de la medida, el Ministerio Público solicitará la orden de detención de la persona requerida en todo el territorio del Estado dominicano

Artículo 73.- Adopción de medidas por el Estado dominicano. El Estado dominicano está obligado a tomar las medidas necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de crímenes o delitos internacionales aun en aquellos casos en que no recibiera solicitud de entrega a la Corte Penal Internacional o pedidos de extradición por terceros Estados, debiendo proceder a su enjuiciamiento como si el crimen o delito se hubiese cometido en territorio dominicano, independientemente del lugar de su comisión, la nacionalidad del sospechoso o de las víctimas.