ARTICULO 34. DE LAS PENAS. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Las penas que se pueden imponer con arreglo a éste código son principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales.
En los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria.

ARTICULO 101. GENOCIDIO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta meses (480) a seiscientos meses (600); en multa de dos mil seiscientos sesenta y seis mil punto sesenta y seis (2.666,66) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses.

La pena será de prisión de ciento sesenta (160) a cuatrocientos cincuenta (450) meses, la multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes y la interdicción de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos setenta (270) meses cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos:

1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.

2. Embarazo forzado.
3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.
5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 279A. Circunstancias de agravación punitiva. La pena será de quince (15) a veinte (20) años en los siguientes casos:
1. Cuando el agente sea un servidor público o un particular que actúe bajo la determinación o con la aquiescencia de aquel.
2. Cuando se cometa en persona discapacitada, o en menor de dieciocho (18) años, o mayor de sesenta (60) o mujer embarazada.
3. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos, periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de hechos punibles o faltas disciplinarias; o contra el cónyuge, o compañero o compañera permanente de las personas antes mencionadas, o contra sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
4. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado.
5. Cuando se cometa para preparar, facilitar, ocultar o asegurar el producto o la impunidad de otro delito; o para impedir que la persona intervenga en actuaciones judiciales o disciplinarias.

Artículo 284A. Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de quince (15) a treinta (30) años, en multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.
No se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

Artículo 284B. Circunstancias de Agravación Punitiva. La pena prevista en el artículo anterior será de treinta (30) a cuarenta (40) años, en los siguientes casos:
1. Que el agente tuviere la condición de servidor público o un particular que actúe bajo la determinación o con la aquiescencia de aquel.
2. Cuando se cometa en persona con discapacidad que le impide valerse por sí misma, o en menor de dieciocho (18) años, o mayor de sesenta (60) o mujer embarazada.
3. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes cívicos, comunitarios, étnicos, sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de conductas punibles o faltas disciplinarias.
4. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado.
5. Cuando se sometiere a las víctimas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 4°. El artículo 186 del Código Penal quedará así:
Artículo 186. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese solo hecho, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Si actuasen en despoblado o con armas, la pena será de prisión de tres (3) a nueve (9) años.
Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de dos mil (2.000) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La pena se aumentará del doble al triple para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.

CHAPTER I
Principles and definitions

Article 3. Alternative sentencing. Alternative sentencing is a benefit consisting of
suspending execution of the sentence determined in the respective judgment, replacing it with an
alternative sentence that is granted for the beneficiary’s contribution to the attainment of national
peace, collaboration with the justice system, reparation for the victims, and the person’s adequate
re-socialization. This benefit is granted in accordance with the conditions established in this law.

CHAPTER IV
Investigation and prosecution

Article 23. Interlocutory proceeding for comprehensive reparation. In the same hearing in which the respective Chamber of the Superior Judicial District Court finds that the acceptance of the charges is lawful, after an express request made by the victim, or by the prosecutor handling the case or by the Public Ministry upon request of the victim, the judge writing for the court shall immediately open the interlocutory proceeding for comprehensive reparation of the harm caused by the criminal conduct, and shall call a public hearing within five (5) days.
That hearing shall begin with a statement by the victim or his or her legal representative or public defender, to state specifically the type of reparation sought, and to indicate the evidence that he or she will introduce to support his or her claims.
The Chamber shall examine the claim, and shall dismiss it if the person filing it is not the victim or if actual payment of the damages is shown and if this were the only claim made; said decision may be challenged in the terms of this law.
Once the claim is admitted, the Chamber shall inform the accused that it has accepted the charges, and will then invite the parties involved to conciliate. If they reach agreement, it shall be incorporated in the ruling in the interlocutory proceeding; otherwise, it shall order that the evidence offered by the parties be produced, it shall hear the arguments in support of their respective claims, and in the same act it shall rule on the interlocutory proceeding. A decision either way shall be incorporated into the guilty verdict.
Paragraph 1. Exclusively for the purposes of the conciliation provided for in this article,
the victim, the accused or defense counsel, the prosecutor handling the case, or the Public Ministry may ask that the Director of the Social Solidarity Network (Red de Solidaridad Social) be subpoenaed in his capacity as controller of expenditures of the Fund for the Reparation of Victims.
Paragraph 2. The granting of an alternative penalty may not be denied if the victim fails to exercise his or her right in the interlocutory proceeding for comprehensive reparation.

CHAPTER IV
Investigation and prosecution

Article 25. Facts that come to be known after the verdict or the pardon. If the members of illegal armed groups who received the benefits of Law 782 of 2002, or who benefitted from the alternative sentence under this law, subsequently come to be accused of crimes committed during and on occasion of their membership in these groups and prior to their demobilization, that conduct shall be investigated and judged by the competent authorities and the laws in force at the time of such conduct, without prejudice to the granting of the alternative sentence in the event that they collaborate effectively in clarifying or accept, orally or in writing, freely, voluntarily, expressly, and spontaneously, having been duly advised by their defense counsel, their participation in their commission, and so long as the omission was not intentional. In this case, the convicted person may benefit from the alternative sentence. The alternative sentences shall be served concurrently, without exceeding the maximum terms established in this law.
Taking into account the seriousness of the new facts judged, the judicial authority shall impose an increase of twenty percent of the alternative penalty imposed, and a similar increase of the time on probation.

CHAPTER IV
Investigation and prosecution

Article 24. Content of the verdict. In keeping with the criteria established in the law, the guilty verdict shall set the principal sentence and the accessory penalties. It shall also include the alternative sentence provided for in this law, the commitments with respect to conduct for the term ordered by the Court, the obligations with respect to moral and economic reparation to the victims, and forfeiture of the assets that are to be earmarked for reparation.
The respective Chamber shall be responsible for evaluating compliance with the requirements provided for in this law to be eligible for the alternative penalty.

CHAPTER V
Alternative Sentence

Article 29. Alternative sentence. The Chamber with jurisdiction of the Superior Judicial District Court shall determine the sentence that corresponds to the crimes committed, in keeping with the rules of the Criminal Code.
In the event that the convicted person has met the conditions provided for in this law, the Chamber shall impose an alternative sentence that consists of deprivation of liberty for a term of at least five (5) years and not greater than eight (8) years, to be set based on the seriousness of the crimes and his or her effective collaboration in their clarification.
To have the right to an alternative sentence, the beneficiary will be required to commit himself or herself to contribute to his or her re-socialization through work, study, or teaching during the time that he or she is deprived of liberty, and to promote activities geared to the demobilization of the illegal armed group of which he or she was a member.
Once the alternative sentence has been served and the conditions imposed in the judgment have been met, the beneficiary shall be released on probation for a term equal to half the alternative sentence imposed, during which time the beneficiary undertakes not to commit the crimes for which he was convicted in the framework of this law, to come before the corresponding Superior Judicial District Court periodically, and to report any change in residence.
Once these obligations have been met and after the probation period has lapsed, the principal penalty shall be declared to have extinguished. Otherwise, the probation shall be revoked and the penalty initially determined shall be served, without prejudice to any of the benefits for the reduction of penalties provided for in the Criminal Code that may apply.
Paragraph. In no case shall benefits for the reduction of penalties, additional benefits, or reductions complementary to the alternative sentence be applied.

ARTÍCULO 51. PENAS ACCESORIAS A LA DE PRISIÓN. La pena de prisión impuesta a los miembros de la Fuerza Pública, implica las accesorias de separación absoluta de la Fuerza Pública y la interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal, salvo en delitos contra con el servicio y en aquellos en que la pena impuesta no sea superior a dos (2) años de prisión.
Cuando se trate de delitos culposos sancionados con prisión, no habrá lugar a la pena accesoria de separación absoluta de la Fuerza Pública.
Las demás penas accesorias serán impuestas discrecionalmente por el juez, teniendo en cuenta lo dispuesto en este Código, sobre criterios para fijar la pena.
ARTÍCULO 52. CÓMPUTO DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA. El tiempo de detención preventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la libertad.